En agosto de 2002, la asamblea de Flores recupera los predios ubicados en Avellaneda 2177 y Gavilán 537. En ese espacio se organizaron y luchan desde hace más de 7 años para encontrar una solución a la problemática de la vivienda y por un trabajo digno. Hoy, uno de los proyectos autogestionados paridos por la crisis del 2001 corre peligro de desalojo. Quieren repetir la historia de excluidos por excluyentes en la pugna de lo privado por sobre lo público.
La Asamblea de Flores surge tras el 19 y 20 de diciembre de 2001 pero, como parte del movimiento asambleario y de proyectos de recuperación de aparatos productivos, fue la reapropiación colectiva de espacios ciudadanos, materiales y simbólicos; que habían sido sutilmente expropiados por una nueva lógica capitalista conocida con el nombre de neoliberalismo (más privatista, individualista y con mayor embotamiento de la sensibilidad social).
En aquellos días un grupo de vecinos comenzó a juntarse en la plaza situada en Donato Álvarez y Avellaneda, denominada por entonces como “Plaza Pedro Aramburu”, para ver qué solución se podía encontrar a la apremiante situación económica-social que se vivía. En esas primeras reuniones se decidía, con justicia, renombrar a la plaza como “Plaza 20 de diciembre” inaugurando con un primer paso simbólico una lucha que se mantiene y se proyecta.
Con el transcurso del tiempo, se tuvieron que dar otros pasos más trascendentes y materiales ante la necesidad de un lugar físico para seguir trabajando. Y así se llega al 2002, cuando la Asamblea recupera la vieja casa de Avellaneda 2177 y, posteriormente, la ex Clínica Portuguesa de Socorros Mutuos en Gavilán 537.
Así lo rememora Gladys, ex enfermera de quirófano de la Clínica y actual miembro de la Asamblea: “Necesitábamos un lugar para hacer comida, porque lo que más se sufría en 2001 y 2002, era hambre”. “Empezamos haciendo una olla y dando de comer a la gente que venía”. “Esto estaba vació, un par de compañeros abrieron, entraron y se empezaron a organizar acá”. “La olla era cada vez más grande y la comida alcanzaba cada vez menos”. “La clínica no se había tocado, todavía”.
La Clínica Portuguesa, a la que hace referencia Gladys, funcionó hasta 1998 cuando tuvo que cerrar acorralada por las deudas que había acumulado. Los trabajadores fueron desempleados sin poder cobrar un peso como indemnización.
Gladys: “Se pensaba en recuperar la Clínica portuguesa para los trabajadores, era todo muy idílico, se hablaba de dar servicios médicos a los trabajadores de otras empresas recuperadas”. “Mantener la empresa para los compañeros; pero eso no se pudo hacer”. “Una clínica es muy difícil de mantener por los altos costos que tiene”. “Se empezó a limpiar y a arreglar el lugar”. “En principio no teníamos muy claro qué es lo que se quería hacer”. “Luego se empieza a trabajar de otro modo, mas organizado, con más gente y se comienza a controlar la entrada”. “Se ve la necesidad de pagar el agua, la luz, el gas, etc.”.
En aquellos días un grupo de vecinos comenzó a juntarse en la plaza situada en Donato Álvarez y Avellaneda, denominada por entonces como “Plaza Pedro Aramburu”, para ver qué solución se podía encontrar a la apremiante situación económica-social que se vivía. En esas primeras reuniones se decidía, con justicia, renombrar a la plaza como “Plaza 20 de diciembre” inaugurando con un primer paso simbólico una lucha que se mantiene y se proyecta.
Con el transcurso del tiempo, se tuvieron que dar otros pasos más trascendentes y materiales ante la necesidad de un lugar físico para seguir trabajando. Y así se llega al 2002, cuando la Asamblea recupera la vieja casa de Avellaneda 2177 y, posteriormente, la ex Clínica Portuguesa de Socorros Mutuos en Gavilán 537.
Así lo rememora Gladys, ex enfermera de quirófano de la Clínica y actual miembro de la Asamblea: “Necesitábamos un lugar para hacer comida, porque lo que más se sufría en 2001 y 2002, era hambre”. “Empezamos haciendo una olla y dando de comer a la gente que venía”. “Esto estaba vació, un par de compañeros abrieron, entraron y se empezaron a organizar acá”. “La olla era cada vez más grande y la comida alcanzaba cada vez menos”. “La clínica no se había tocado, todavía”.
La Clínica Portuguesa, a la que hace referencia Gladys, funcionó hasta 1998 cuando tuvo que cerrar acorralada por las deudas que había acumulado. Los trabajadores fueron desempleados sin poder cobrar un peso como indemnización.
Gladys: “Se pensaba en recuperar la Clínica portuguesa para los trabajadores, era todo muy idílico, se hablaba de dar servicios médicos a los trabajadores de otras empresas recuperadas”. “Mantener la empresa para los compañeros; pero eso no se pudo hacer”. “Una clínica es muy difícil de mantener por los altos costos que tiene”. “Se empezó a limpiar y a arreglar el lugar”. “En principio no teníamos muy claro qué es lo que se quería hacer”. “Luego se empieza a trabajar de otro modo, mas organizado, con más gente y se comienza a controlar la entrada”. “Se ve la necesidad de pagar el agua, la luz, el gas, etc.”.
Por entonces, son varios los miembros de la asamblea y gente del barrio que llegan expulsados de sus hogares al no poder afrontar los alquileres. Gladys aclara: “Algunos compañeros empiezan a ser expulsados, en esta zona hay muchos hoteles familiares baratos que en realidad son espantosos, toda la gente vive en una pieza hacinada, mal”. “Hay compañeros que empiezan a venir nada más que con lo puesto. Llegan con niños y así es como la Asamblea decide ocupar la clínica. A las familias que tienen más chicos se les dan los lugares más grandes. Así llegamos al 2005, cuando nació la Cooperativa de vivienda”.
La imposibilidad para muchos trabajadores de poder pagar alquiles restrictivos, ni soñar con ahorrar para una casa propia, hizo que cada vez más familias se acercaran.
Edwin y su esposa son miembros de la Cooperativa y actualmente viven con sus tres hijos en la ex Clínica que el gobierno de Macri busca desalojar: “Nosotros llegamos en el 2005 por necesidad. Yo estaba trabajando como costurero en un taller y en ese año nació mi segunda hija. Mi esposa no podía trabajar porque tenía que cuidar a nuestros hijos y yo no podía buscar otro empleo porque estaba sin documentos. Un familiar nos comento del lugar y nos dijo que funcionaba una olla popular. Nos acercamos y desde entonces formamos parte de la Asamblea. Fuimos participando de a poco. Hablábamos sobre la problemática de la gente, la mayoría sin vivienda, y nos permitieron vivir acá. No teníamos otra opción, con el salario que ganaba no me alcanzaba para poder alquilar una pieza en otro lado y en los hoteles familiares no aceptaban niños. Vivir acá fue mucho mejor, no es lo ideal, pero vivimos un poco mejor”.
La imposibilidad para muchos trabajadores de poder pagar alquiles restrictivos, ni soñar con ahorrar para una casa propia, hizo que cada vez más familias se acercaran.
Edwin y su esposa son miembros de la Cooperativa y actualmente viven con sus tres hijos en la ex Clínica que el gobierno de Macri busca desalojar: “Nosotros llegamos en el 2005 por necesidad. Yo estaba trabajando como costurero en un taller y en ese año nació mi segunda hija. Mi esposa no podía trabajar porque tenía que cuidar a nuestros hijos y yo no podía buscar otro empleo porque estaba sin documentos. Un familiar nos comento del lugar y nos dijo que funcionaba una olla popular. Nos acercamos y desde entonces formamos parte de la Asamblea. Fuimos participando de a poco. Hablábamos sobre la problemática de la gente, la mayoría sin vivienda, y nos permitieron vivir acá. No teníamos otra opción, con el salario que ganaba no me alcanzaba para poder alquilar una pieza en otro lado y en los hoteles familiares no aceptaban niños. Vivir acá fue mucho mejor, no es lo ideal, pero vivimos un poco mejor”.
El reclamo por una vivienda digna
Ante un Estado ausente, viciado y vaciado por una dirigencia política que no está a la altura del pueblo que dice representar, la gente se organiza y solidariza para salir adelante.
Según Edwin: “La lucha que llevamos como organización y Cooperativa de Vivienda es la de poder lograr una vivienda digna. Es algo muy positivo que estoy viviendo. Con la Cooperativa Social de Flores Ltda. podemos llegar a tener una casa en la que nuestros hijos puedan vivir sin que tengan que dejarla porque venció el plazo, nos saquen o nos suban el alquiler. O podemos lograr préstamos de acuerdo a nuestros salarios. Acá, todos somos trabajadores y podemos pagar trabajando una vivienda”. “Reclamamos la poca importancia que da el gobierno a las necesidades que tiene mucha gente de una vivienda digna, porque con los sueldos que gana un empleado, como en mi caso, no alcanza para poder obtener un préstamo o un crédito”.
Pero tanto el Estado porteño como el nacional, siempre a través de sus gobernantes; no sólo desatiende las necesidades de sus gobernados sino que pone todas las trabas posibles para que no se generen nuevas fuerzas.
Gladys: “Tuvimos aprietes para dejar el lugar. Ahora están hablando de la deficiencia habitacional que hay en Buenos Aires y alrededores. Estos vienen haciendo gárgaras hace añares. Desde que estuvieron los milicos, hasta que vinieron los gobiernos, “democráticos”. Digo entre comillas, porque de democracia: nada”.
Hasta noviembre de 2008 en la Asamblea funcionaba una guardería para que las madres del barrio y asambleístas pudieran dejar a sus hijos mientras iban a trabajar. Gladys: “La guardería era gestionada por nosotros”. “El año pasado vino gente de Macri y la cerró porque le faltaban cosas y según ellos era insegura. En los años que la tuvimos nunca hubo un accidente con los niños, todos éramos responsables, a pesar de que había personas especialmente designadas y gente idónea trabajando”. “Nosotros le dábamos desayuno, almuerzo y merienda a esos chiquitos. Ellos vinieron, nos llenaron de papeles, nos intimaron a pagar, pero no nos dieron ninguna solución. No se hacen cargo de los chicos”.
Según Edwin: “La lucha que llevamos como organización y Cooperativa de Vivienda es la de poder lograr una vivienda digna. Es algo muy positivo que estoy viviendo. Con la Cooperativa Social de Flores Ltda. podemos llegar a tener una casa en la que nuestros hijos puedan vivir sin que tengan que dejarla porque venció el plazo, nos saquen o nos suban el alquiler. O podemos lograr préstamos de acuerdo a nuestros salarios. Acá, todos somos trabajadores y podemos pagar trabajando una vivienda”. “Reclamamos la poca importancia que da el gobierno a las necesidades que tiene mucha gente de una vivienda digna, porque con los sueldos que gana un empleado, como en mi caso, no alcanza para poder obtener un préstamo o un crédito”.
Pero tanto el Estado porteño como el nacional, siempre a través de sus gobernantes; no sólo desatiende las necesidades de sus gobernados sino que pone todas las trabas posibles para que no se generen nuevas fuerzas.
Gladys: “Tuvimos aprietes para dejar el lugar. Ahora están hablando de la deficiencia habitacional que hay en Buenos Aires y alrededores. Estos vienen haciendo gárgaras hace añares. Desde que estuvieron los milicos, hasta que vinieron los gobiernos, “democráticos”. Digo entre comillas, porque de democracia: nada”.
Hasta noviembre de 2008 en la Asamblea funcionaba una guardería para que las madres del barrio y asambleístas pudieran dejar a sus hijos mientras iban a trabajar. Gladys: “La guardería era gestionada por nosotros”. “El año pasado vino gente de Macri y la cerró porque le faltaban cosas y según ellos era insegura. En los años que la tuvimos nunca hubo un accidente con los niños, todos éramos responsables, a pesar de que había personas especialmente designadas y gente idónea trabajando”. “Nosotros le dábamos desayuno, almuerzo y merienda a esos chiquitos. Ellos vinieron, nos llenaron de papeles, nos intimaron a pagar, pero no nos dieron ninguna solución. No se hacen cargo de los chicos”.
Organización colectiva como una opción
Hoy en los dos predios recuperados por la Asamblea funcionan: La Cooperativa de Vivienda Casa Social de Flores Ltda. (Inscripta en el Inaes con matrícula Nº 31067/06) en la que viven 35 familias. Una Cooperativa Textil. El Centro Cultural 20 Flores: con más de 20 talleres culturales y de género. Un centro de asesoramiento legal. Se brinda, además, atención primaria de salud y atención psicológica. Funciona una biblioteca comunitaria. Se sigue dando de comer a más de 150 personas diariamente, hay apoyo escolar para los niños. En verano funciona la colonia de vacaciones en la que participaron más de 180 niños y niñas.
Edwin: “Esta organización, desde un principio, fue muy democrática. Uno puede opinar y tu opinión es respetada sin importar de donde vengas”. “Aquí todos tienen el mismo derecho y la misma obligación”. “Organizarse para un fin en común, es la manera más efectiva de lograr objetivos o de ser escuchados en algunos reclamos”. “La Asamblea como organización me parece una escuela de aprendizaje social, por que desde que estamos acá vemos de otra forma todas las cosas que suceden a diario”.
Gladys: “La semana pasada salió la liquidación del lugar según nos dijo el síndico del Gobierno porteño. Al principio vino muy duro, diciendo que los trabajadores de la clínica tenían que cobrar y que había que rematar todo esto. Decía que había muchas denuncias de los vecinos, que no se quiso abrir la puerta a una inspección”.Edwin: “Pero en estos cuatro años de participación en la asamblea, aprendimos muchas cosas: a no conformarse con el estado de vida que te quieren imponer, luchar por mejores salarios, por una mejor educación para nuestros hijos, por salud y aprendimos que organizados podemos llegar a mejorar todo eso”.
Gladys: “Nosotros necesitábamos la vivienda transitoria hasta que tengamos nuestra vivienda. Esperamos una salida digna, alguna posibilidad para que nosotros podamos comprar este terreno”. “Esta casa la pensaban tirar abajo. Nosotros vivimos arreglándola. Pusimos mucha plata y trabajo. La idea es poder comprar y conseguir un crédito blando para construir”. “Por un lado el gobierno de la ciudad nos intima y por otro nos da una mención por toda la actividad cultural que hacemos”.
Consecuentemente a la decadencia de la política real, Mauricio Macri, el empresario millonario advenedizo como actual Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el cool, el pro, el “apolítico” por autodefinición; está ensimismado en borrar cuanto vestigio de autonomía y autogestión se yergue sobre estas tierras a las que considera tan propicias para la inversión inmobiliaria. En su afán, pone palos en la rueda y en las cabezas. Ha dispuesto un cuerpo para-policial que funciona como patota de apriete al que denomina, por esos eufemismos de la posmodernidad designificante, con el nombre de Unidad de Control del Espacio Público. Con el fin de cumplimentar por la fuerza los desalojos ordenados por las manos judiciales resueltas a fundamentar desde el derecho los solapados intereses económicos.
En contraposición, vale la pena transcribir
dos artículos constitucionales para esgrimir ante los prontos defensores de la propiedad privada que bregan en desmedro del bienestar general y de derechos inalienables y hacer una breve reflexión:
-Artículo 14 bis de la Constitución Nacional: “El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social” (…) “la protección integral de la familia; la defensa del bien de familia; la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna”.
-Artículo Nº 31 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires:
“La Ciudad reconoce el derecho a una vivienda digna y a un hábitat adecuado. Para ello:
1. Resuelve progresivamente el déficit habitacional, de infraestructura y servicios, dando prioridad a las personas de los sectores de pobreza crítica y con necesidades especiales de escasos recursos.
2. Auspicia la incorporación de los inmuebles ociosos, promueve los planes autogestionados, la integración urbanística y social de los pobladores marginados, la recuperación de las viviendas precarias y la regularización dominial y catastral, con criterios de radicación definitiva”.
Este es uno de los despropósitos del actual gobierno porteño: la ley que lo rige reconoce el derecho a la vivienda, auspicia la incorporación de inmuebles ociosos, promueve los planes autogestionados; pero el empresario-político, sin ideologías, que no mengua en su arenga mediática insistiendo en que “hay que borrar los limites entre lo público y lo privado”; no deja de intimar con papeles o con palos a los que reclaman una vivienda digna y se organizan con tal fin.
Vale recordar que siempre que hay alguien excluido hay alguien que excluye, cuando hay un marginal hay un marginador. Y no hablamos de los que “se tiran a chantas”. Las órdenes de desalojo y las políticas de exclusión lo que dicen realmente es: los trabajadores empobrecidos, afuera de la Capital Federal.
Pero el incumplimiento desde la política de una ley tendiente a la equidad, reduce a la norma a enfatizar las injusticias.
Fig 1: La Ex Sociedad Portuguesa sobre Gavilándos artículos constitucionales para esgrimir ante los prontos defensores de la propiedad privada que bregan en desmedro del bienestar general y de derechos inalienables y hacer una breve reflexión:
-Artículo 14 bis de la Constitución Nacional: “El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social” (…) “la protección integral de la familia; la defensa del bien de familia; la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna”.
-Artículo Nº 31 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires:
“La Ciudad reconoce el derecho a una vivienda digna y a un hábitat adecuado. Para ello:
1. Resuelve progresivamente el déficit habitacional, de infraestructura y servicios, dando prioridad a las personas de los sectores de pobreza crítica y con necesidades especiales de escasos recursos.
2. Auspicia la incorporación de los inmuebles ociosos, promueve los planes autogestionados, la integración urbanística y social de los pobladores marginados, la recuperación de las viviendas precarias y la regularización dominial y catastral, con criterios de radicación definitiva”.
Este es uno de los despropósitos del actual gobierno porteño: la ley que lo rige reconoce el derecho a la vivienda, auspicia la incorporación de inmuebles ociosos, promueve los planes autogestionados; pero el empresario-político, sin ideologías, que no mengua en su arenga mediática insistiendo en que “hay que borrar los limites entre lo público y lo privado”; no deja de intimar con papeles o con palos a los que reclaman una vivienda digna y se organizan con tal fin.
Vale recordar que siempre que hay alguien excluido hay alguien que excluye, cuando hay un marginal hay un marginador. Y no hablamos de los que “se tiran a chantas”. Las órdenes de desalojo y las políticas de exclusión lo que dicen realmente es: los trabajadores empobrecidos, afuera de la Capital Federal.
Pero el incumplimiento desde la política de una ley tendiente a la equidad, reduce a la norma a enfatizar las injusticias.
Fig 2: Festejos por los 7 años de lucha
Fig 3: Frente del espacio Recuperado por la Asamblea sobre Av. Avellaneda
(Nota publicada en el Nº 13 de el Zordo!)
